La Dirección General de Agua (DGA) tomó la decisión de aumentar el número de zonas de prohibición de extracción en todo el territorio nacional, pasando de 30 a por lo menos 70. Además de impedir nuevos permisos de extracción del recurso hídrico en las zonas de prohibición para las compañías mineras.

Así lo señaló el director general de la institución, Oscar Cristi, al portal internacional Bloomberg.

"Hay áreas donde hay minería que van a estar dentro de las nuevas zonas de prohibición. En algunos lugares, las mineras pueden extraer más que el nivel de recarga y eso amenaza la sustentabilidad del acuífero", explicó Cristi, sin entregar una especificación de los lugares en que regirán las zonas de prohibición, con el fin de evitar posibles especulaciones sobre los derechos de agua.

Además, según señala el portal internacional, la zona norte del país se ha vuelto cada vez más seca, con escasas precipitaciones en el último tiempo, pero por el contrario, las mineras han aumentado el uso del agua dulce en sus operaciones, esto por la baja de la ley del minerales, lo que obliga a un mayor proceso del material para mantener los niveles de producción.

Esto también ha obligado a las compañías mineras a la construcción de plantas desaladoras, caso que también ocurre en la Región de Atacama donde actualmente hay tres en funcionamiento, esperando que el uso de agua de mar en las faenas se triplique de aquí al 2029, según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), institución que también pronosticó que las gigantes mineras del norte harán crecer el uso de agua dulce en un 12% en la misma fecha.

En cuanto a la Región de Atacama, el tema de los derechos de agua mantiene en constante conflicto a las comunidades y grupos ambientalistas con las grandes mineras. Además, los entes fiscalizadores han puesto rigurosidad a la hora de controlar el buen uso de las agua.

Incluso, hace solo una semana, la misma DGA multó a Caserones con $325 millones por extracción irregular de agua natural, proveniente de pozos ubicados al interior de quebrada La Brea, al interior de Tierra Amarilla. Ante lo cual, la empresa señaló que la extracción se debió a una necesidad técnico ambiental.

La escasez

Además, en la región la escasez de agua se ha visto manifestada, entre otras cosas, en la baja del caudal del Río Copiapó - el cual estuvo seco durante años - y actualmente se encuentra bajo la administración de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes (JVRC), quienes se encargan de distribuir la cantidad de agua que reciben los agricultores, empresas mineras y la ciudadanía, a través del flujo que baja por el río.

Desde Movimiento Rosario, quienes constantemente manifiestan su preocupación por la falta de agua que baja por el Río Copiapó, Luis Santos, presidente de la agrupación expresó su aprobación a la medida de la DGA. Sin embargo, considera que es un plan de acción tardío ya que "debió hacerse eso antes de otorgar derechos de agua, haber visto primero el impacto medioambiental que iba a tener para toda la zona norte, que se ve reflejada en el río Copiapó y la muerte de su biodiversidad".

Además que "ni siquiera se cumple con el caudal ecológico que debe haber, el río se ha reducido a un espejo de agua intermitente, lo que consideramos una falta de respeto a la vida. No creemos que haya escasez hídrica, sino que hay escasez de humanidad de parte de los empresarios de la zona, tanto de los agrícolas como las mineras que trabajan en Atacama. Se debe dejar fluir el río de cordillera a mar".

A su vez, desde la Coordinadora de los Sectores Bajos del Río Copiapó, su presidente, Guillermo Daviu, explicó que más allá de los cambios hechos por la DGA lo que necesitan para mejorar sus problemas de acceso al agua es que "a la ciudad de Copiapó se le asigne la cantidad de litros de agua por segundo que le corresponde, así habrían sobrantes y esa agua nos podría llegar a nosotros. El Estado debe estar dispuesto a arreglar el error que cometieron al sobredimensionar la cantidad de agua, son 25.000 litros que se entregaron y al río entran 3.500, no hay por donde".

Mientras que desde el Movimiento Kellollampu por el medio Ambiente, aprueban la decisión ya que la repartición de derechos de agua que hay actualmente "impide que llegue la suficiente cantidad del recurso hídrico a los valles como en Tierra Amarilla y por ende la flora del lugar se vea reducida".

Al respecto señalaron que "Tierra Amarilla está seco y el río corre de forma abundante hasta cierto sector, los agricultores pierden sus cosechas por el calor y falta de agua".

Participación ciudadana

Desde Re-Volución Pretil, la dirigenta Fernanda Collado avaló la decisión de la DGA, aunque respecto a la restauración del medio ambiente dijo que"hace falta participación ciudadana".

Sobre la administración de recursos, Collado expresó que "es un derecho que debiésemos ejercer como ciudadanos porque últimamente en todos los proyectos o nuevos negocios que se pretende realizar se impone el interés económico o empresarial, más que preguntar o ejercer la participación ciudadana sobre los recursos naturales de la región".

El Diario de Atacama intentó conocer la opinión de algunas de las empresas mineras que operan en la región, sin tener respuesta hasta el cierre de esta edición.

Fuente: Diario Atacama. 22 de febrero de 2018, pág 4.