Unos $540 millones. Eso costaría proveer con 120 litros diarios a las 78.299 personas de la provincia de Petorca para que dejen de depender de camiones aljibe. Los mismos que significaron $7.500 millones entre 2014 y 2018, en una zona que desde 2011 registra 11 decretos de escasez hídrica.

Óscar Cristi, director general de Aguas, dice como se pueden obtener: "Esa cantidad de agua equivale al 1% de los derechos de uso agrícola de esa zona. Hay que ver, dónde se puede alumbrar, pero si no se pueden comprar... El artículo 27 del Código de Aguas permite que la DGA adquiera derechos de agua. Entonces llevamos un montón de tiempo peleando por cambiar el Código, cuando para solucionar el problema no se necesita. Se puede ofrecer un poder de compra, y si nadie quiere vender, hay que expropiar, comprando a valor de mercado".

Petorca es el emblema de que la escasez hídrica es real y tiene una magnitud tal que pone urgencia a buscar soluciones a situaciones como la fiscalización de irregularidades en el uso, el sobreotorgamiento de derechos y la transparencia de la información.

Todos temas que recaen en la Dirección General de Aguas, a cargo de Óscar Cristi, organismo que para ejercer todas sus funciones -incluidas las que le impone la Ley 21.064 de fiscalizar y manejar los sistemas de control y medición de extracciones en cerca de 36 mil puntos de extracción y 12 mil bocatomas- cuenta con 47 fiscalizadores y un presupuesto de $18 mil millones.

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Fuente: El Mercurio | Revista del Campo. 10 de septiembre de 2018, pág 6