En Atacama el mayor de los desafíos es hacer eficiente el uso del recurso hídrico, por las escasas lluvias y las sequías permanentes a las que nos vemos expuestos. A lo largo de los años esta actividad se ha vuelto más tecnificada, sin embargo, aún hay mucho por hacer.

El Estado a través de los diferentes servicios del Ministerio de Agricultura, dispone de una serie de instrumentos que permiten mejorar la infraestructura de riego, una de ellas es la Ley 18.450 que "aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje", que establece en su primer artículo que el Estado, por intermedio de la Comisión Nacional de Riego (CNR), bonificará el costo de estudios, construcción y rehabilitación de obras de riego o drenaje, así como proyectos integrales de riego o drenaje que incorporen el concepto de uso multipropósito; inversiones en equipos y elementos de riego mecánico o de generación; y, en general, toda obra de puesta en riego u otros usos asociados directamente a las obras bonificadas, habilitación y conexión, cuyos proyectos sean seleccionados y aprobados en la forma que se establece en esta ley.

Sin embargo y pese al espíritu de esta ley, debido a la gran demanda por parte de los usuarios, los recursos nunca son suficientes.

En el marco de la emergencia vivida en Atacama en marzo de 2015, no sólo la infraestructura de la ciudad fue destruida, también lo fue la de los campos atacameños. El aluvión arrasó con todo a su paso, bocatomas, canales, tuberías, tranques acumuladores, entre otros. Y como los recursos otorgados por el Gobierno a través de la Ley de Riego ya habían sido comprometidos, se requerían nuevos ingresos. Fue así como el Gobierno Regional firmó un convenio con la Comisión Nacional de Riego por 4 mil 500 millones de pesos, de forma tal que este servicio dependiente del Ministerio de Agricultura contará con la capacidad necesaria para la rehabilitación en la conducción del riego.