La empresa SCM Minera Lumina Copper (MLCC) presentó su Programa de Cumplimiento ante los cargos formulados por la Superintendencia del Medio Ambiente el 19 de febrero a su operación Caserones, ubicada en Atacama.

Según la empresa, "las materias indicadas como infracciones por parte del organismo fiscalizador habían sido previamente identificadas e informadas por MLCC a las autoridades competentes y la empresa se encontraba trabajando sobre ellas.

El programa consta de 46 acciones que abordan "los 18 cargos formulados y contempla un plazo de tres años para su ejecución. El costo total de las medidas es del orden de US$ 39 millones, de los cuales ya han sido invertidos prácticamente la mitad en las acciones que venía realizando la empresa para mejorar su gestión ambiental", señaló Lumina Copper en un comunicado. La misiva indica que "durante el tiempo que la SMA evalúe el Programa de Cumplimiento propuesto por la empresa, MLCC continuará con la implementación de sus acciones de control a objeto de seguir resguardando los componentes ambientales de su entorno".

El proceso

En febrero, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos en contra de SCM Lumina Copper Chile S.A, por infracciones a las disposiciones establecidas en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), tanto del proyecto Minero Caserones, como de la Línea de Transmisión Eléctrica necesaria para el desarrollo del proyecto.

Según el organismo, este procedimiento sancionatorio incorpora una seria de denunciantes, que informaron a la SMA respecto a incumplimientos en que habría incurrido el titular, sobre distintas materias, entre las que destacan la sobre-extracción de aguas en pozos autorizados para la remediación de infiltraciones de aguas de contacto desde depósitos de relaves, construcción y operación de pozos no autorizados para el mismo fin, la no entrega de aguas desaladas en el caudal comprometido en la Ciudad de Caldera y en el Canal Mal Paso, entre otros aspectos.

Los datos dan cuenta que el procedimientos sancionatorio determinó 18 hechos de infracción contra la empresa, de los cuales 11 fueron clasificados como graves y 7 fueron clasificados como leves, por lo que la empresa podría ser objeto de revocación de la RCA, clausura temporal o definitiva (en caso de la infracciones graves) o de una multa de hasta 62.000 unidades tributarias mensuales (UTA), equivalentes a más de $35.938 millones.

Fuente: Diario Atacama. 14 de marzo de 2019, pág 3.